La administración Trump está sufriendo un L tremendo en los tribunales. Funcionarios federales han estado intentando conseguir los padrones electorales completos y sin censura de casi todos los estados; estamos hablando de fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y dígitos parciales del Seguro Social.
El drama legal
El Departamento de Justicia alega que necesita estos datos para asegurarse de que los estados cumplan con leyes federales como la Ley de Ayuda para Votar en América (Help America Vote Act) y la Ley Nacional de Registro de Votantes. Aunque algunos estados entregaron versiones públicas de sus listas, la mayoría se negó a ceder la información sensible. ¿El resultado? El DOJ demandó a 30 estados y al Distrito de Columbia para forzar la situación.
Hasta ahora, la jugada no les está saliendo nada bien. Ya perdieron 26 de esas demandas. Los jueces siguen desechando los casos y, en un golpe importante, la Corte de Apelaciones del 6to Circuito de EE. UU. ratificó la decisión de un tribunal inferior de bloquear el esfuerzo por obtener los datos de Michigan. Algunos casos siguen pendientes en lugares como Delaware, Hawái, Idaho y Utah, pero el panorama se ve bastante oscuro para la administración.
Por qué importa
Esto no se trata solo de hojas de cálculo; es un movimiento de poder. Este esfuerzo es parte de una estrategia mayor del presidente para controlar los procesos electorales federales. Desde órdenes ejecutivas sobre pruebas de ciudadanía y voto por correo, hasta el respaldo a la Ley SAVE America en el Congreso, la administración está jugando rudo. El presidente sigue impulsando la narrativa de que el voto por correo está vinculado al fraude, a pesar de no tener pruebas que lo respalden. Si estás registrado para votar, esto es algo a lo que vale la pena seguirle la pista; es lowkey la vez que la administración ha sido más directa sobre querer acceder a tus datos personales de registro.
