La situación
Hablemos claro: el NHS está pasándola mal y los pacientes neurodivergentes son quienes están sufriendo las consecuencias. ADHD UK acaba de enviar una carta legal a la junta de cuidados integrados (ICB) del NHS de West Yorkshire, amenazando con una revisión judicial si no eliminan una norma que obliga a las personas a esperar al menos dos años para una evaluación de TDAH o autismo.
Esta política, implementada este año, afecta a miles de personas en Leeds, Bradford, Kirklees, Calderdale y Wakefield. Es un caso claro de bloqueo burocrático y la organización no piensa tolerarlo. Argumentan que la junta se saltó los trámites esenciales —como evaluaciones de impacto en la igualdad y consultas públicas— y, en la práctica, impidió que los pacientes ejercieran su derecho legal de elegir proveedores de atención fuera del NHS que podrían atenderlos mucho más rápido.
¿Por qué tanto revuelo?
Henry Shelford, CEO de ADHD UK, no se anda con rodeos. Sostiene que el proceso de la junta fue desordenado e inapropiado. El expediente legal destaca una gran falta de transparencia, señalando que no existe un registro público sobre cómo se tomó esta decisión.
Corinne Hunter, directora de la organización Stripes, señaló que ni siquiera fueron consultados antes de que esto entrara en vigor. Comentó que, para las personas que finalmente buscan ayuda tras años de lucha, encontrarse con un muro de dos años de espera es "devastador".
El panorama general
West Yorkshire no es el único caso. The Guardian informó que al menos otras tres regiones —Devon, Somerset, y North East and North Cumbria— han implementado tiempos de espera mínimos similares debido a que los costos están por las nubes. Otros 11 ICBs están usando tácticas diferentes para racionar el acceso.
Mientras tanto, el gobierno está preparando una revisión dirigida por el Prof. Peter Fonagy. Se rumorea que podrían impulsar un sistema basado en "necesidades", donde se recibiría apoyo sin necesidad de tener obligatoriamente un diagnóstico formal.
Por qué importa
Cuando los sistemas de salud intentan reducir costos cerrando el acceso a la atención, no solo están ahorrando dinero; están dejando a miles de personas sin el apoyo que necesitan para funcionar. Si este desafío legal tiene éxito, podría forzar un replanteamiento masivo sobre cómo el NHS maneja el aumento en la demanda de evaluaciones de neurodiversidad en todo el país.
