La última actualización
La Corte Suprema acaba de ponerle pausa al fallo de un tribunal inferior, permitiendo que la administración Trump retome su polémica política de deportación a "terceros países". Básicamente, las autoridades migratorias pueden volver a enviar a ciertos deportados a países que no son el suyo—incluso si no tienen ninguna conexión ahí—mientras el drama legal se desarrolla en los tribunales.
¿Qué está pasando?
A principios de este año, un juez federal de distrito dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía avisar a las personas y darles la oportunidad de impugnar estas expulsiones antes de enviarlas a otra nación. Un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo, argumentando que los migrantes merecen el debido proceso. Pero la Corte Suprema intervino este martes para pausar esas restricciones.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, señalando que habrían negado la solicitud de amparo de la administración. La corte en pleno escuchará los argumentos orales en diciembre, y se espera una decisión final para el verano de 2027.
La realidad en el terreno
Desde marzo de 2025, la administración ha estado cerrando acuerdos discretamente con varios países de África y América Latina para aceptar deportados de todo el mundo. La política permite a los funcionarios expulsar personas sin decirles el destino hasta que ya están en el avión o a punto de despegar.
Estamos hablando de personas de lugares como Colombia, Cuba y Venezuela siendo enviadas a naciones como Sudán del Sur o la República Centroafricana. El DHS afirma que esto es para "eliminar eficientemente" a personas, citando específicamente a quienes tienen antecedentes penales. James Percival, asesor jurídico general del DHS, celebró la victoria en X, afirmando que esta política vuelve a estar en marcha.
Por qué importa
Esta es una pieza clave de la ofensiva migratoria más amplia de la administración. Con este movimiento, el gobierno puede continuar su práctica de expulsiones a "terceros países", la cual ya ha afectado a miles de personas. El fallo final de la corte decidirá si esta estrategia se sostiene bajo la ley federal y la Constitución, o si la trama se complica y la administración tiene que volver a empezar desde cero.
