La ola de vandalismo
Está dando vibras de "personaje principal", pero no de la buena manera. Un grupo de cuatro supuestos grafiteros pasó todo un año tratando a Los Ángeles como su proyecto personal, acumulando casi $173,000 en daños. El grupo no solo pintó paredes en callejones; se pusieron tecnológicos, usando escaleras, equipo de escalada especializado y drones para filmar su trabajo en las fachadas de algunos de los edificios más icónicos de la ciudad.
Hablando claro: esto no era solo por el arte. Los fiscales dicen que el grupo tenía un negocio paralelo bastante completo, vendiendo mercancía basada en los grafitis que dejaron por toda la ciudad.
El trabajo interno
La trama se complica con la identidad del acusado principal: Javier Rezendez Rocha. Él ha sido ayudante eléctrico del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) desde 2018. Los investigadores alegan que no solo participó, sino que usó su equipo especializado de servicios públicos y cuerdas de escalada para ayudar al grupo a subir estructuras masivas. Ahora enfrenta 12 cargos graves de vandalismo, con una posible sentencia de hasta 10 años y cuatro meses de cárcel.
"Estos acusados convirtieron edificios en todo Los Ángeles en sus vallas publicitarias personales, dejando a los propietarios de inmuebles con más de $170,000 en costos de reparación", dijo el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman. Advirtió que probablemente serán obligados a limpiar el desastre ellos mismos si son condenados.
Rendición de cuentas
Rocha no es el único en problemas. Michael Ray Gonzales enfrenta siete cargos graves, mientras que Francisco Rodríguez Aguilar y Richard Evan Ward II enfrentan dos cada uno. El Jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, fue directo al grano y dijo que la ciudad ya no está para juegos.
Ward se declaró inocente a principios de esta semana y tiene una audiencia el 19 de noviembre, mientras que los demás tienen lecturas de cargos programadas a lo largo de octubre. Hasta ahora, quienes han comparecido ante el tribunal han sido puestos en libertad bajo palabra.
Por qué importa
Este caso resalta la enorme brecha entre el "arte callejero" y la destrucción directa de la propiedad privada. Más allá de la factura de $173,000 que les toca pagar a los contribuyentes y dueños de negocios, el presunto uso de herramientas municipales por parte de un empleado público le da un toque de "energía L" a toda la situación. La ciudad está dejando claro que Los Ángeles no es para que cualquiera haga lo que quiera, sin importar cuánta fama piensen que están buscando.
