La situación
El presidente Donald Trump está utilizando una inusual y polémica maniobra presupuestaria conocida como "pocket rescission" para retirar $810 millones en fondos federales. La administración afirma que este dinero de los contribuyentes estaba destinado a programas que no benefician directamente a los ciudadanos estadounidenses, señalando específicamente iniciativas para no ciudadanos, capacitación en diversidad y lo que ellos denominan educación internacional "woke".
A dónde iba el dinero
La mayor parte de estos recortes, unos $567 millones, afecta a subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos que apoyan a refugiados y asilados. Otros $70 millones fueron retirados de programas de educación internacional, que según la Casa Blanca han financiado proyectos como la creación de comunidades queer y trans en el extranjero. También recortaron $25 millones para la educación de estudiantes migrantes, atacando específicamente talleres que la administración etiquetó como ideológicamente sesgados.
Otros recortes se dirigieron a la oficina del Departamento de Justicia para la reducción de tensiones raciales y diversas iniciativas de emprendimiento para minorías. La administración señaló de forma puntual que varias organizaciones que recibían estos fondos están lideradas por funcionarios de la era Obama.
Por qué importa
Este es un momento clásico donde la trama se complica en términos de derecho constitucional. El Congreso y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) sostienen que las "pocket rescissions" son básicamente un veto de línea ilegal, un poder que la Corte Suprema ya había anulado anteriormente. Al programar estos recortes para finales de septiembre, justo cuando termina el año fiscal y el Congreso entra en receso electoral, la Casa Blanca básicamente está agotando el tiempo para que los legisladores no puedan impugnar la medida.
La senadora Susan Collins (R-Maine) está muy molesta, calificando la medida como un intento de socavar el "poder de la bolsa" del Congreso. Aunque el director de la OMB, Russ Vought, sostiene que el presidente está en todo su derecho, los expertos legales dicen que esto es un gran exceso de poder ejecutivo que podría desencadenar otra batalla judicial caótica. Esto está dando vibras de una lucha de poder masiva.
