El cambio en la política oceánica

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva titulada "Restaurando la Pesca y Recreación de Agua Salada Estadounidense", la cual ordena a las agencias federales cambiar su enfoque. La directiva busca priorizar la pesca recreativa mientras obliga a reexaminar las regulaciones ambientales existentes y los estándares científicos utilizados para gestionar la pesca en EE. UU.

El Servicio Nacional de Pesca Marina lo plantea como un triunfo, alegando que corregirá fallas en la recolección de datos e impulsará la economía recreativa al aire libre, valuada en $1.2 billones de dólares. Pero para los expertos marinos, las vibras no son las mejores. Los críticos argumentan que este es otro paso hacia el desmantelamiento de la conservación basada en la ciencia, lo que podría llevar a EE. UU. de ser un líder global a un espectador total en la protección de los océanos.

Repensando las reglas

La orden apunta a la Ley Magnuson-Stevens, la normativa de 1976 que sirve como base para la gestión pesquera. La administración quiere una revisión para asegurar que los intereses recreativos estén mejor representados. Aunque revisar los lineamientos no es necesariamente una alerta roja, expertos como Gib Brogan de Oceana señalan que la verdadera preocupación es el patrón de la administración de reinterpretar la "mejor ciencia disponible" y la "sobrepesca" para ajustarse a objetivos de desregulación.

¿Arrecifes artificiales o regalos a la industria?

La orden también instruye al Departamento del Interior a convertir plataformas de petróleo y gas fuera de servicio en arrecifes artificiales. Kristen Monsell, del Centro para la Diversidad Biológica, lo calificó como un "regalo a la industria petrolera", permitiendo que las empresas desechen su basura en lugar de limpiarla. Los ambientalistas advierten que estas estructuras pueden filtrar químicos y convertirse en focos para especies invasoras.

Apuntando a depredadores y protecciones

Quizás el movimiento más polémico es la creación de una "Fuerza de Tarea Interagencial sobre la Depredación de Tiburones y Pinnípedos". Aunque suena oficial, los críticos creen que es una trampa para facilitar las restricciones al comercio de tiburones, lo cual sería un gran L para la salud oceánica.

Además, la orden busca recortar regulaciones "onerosas" para los navegantes. Los activistas temen que esto pueda acabar con protecciones esenciales, como los límites de velocidad para embarcaciones diseñados para prevenir colisiones fatales con la ballena franca del Atlántico Norte, una especie en peligro.

Por qué importa

Si estos retrocesos se mantienen, algunos expertos estiman que las aguas protegidas de EE. UU. podrían desplomarse del 26% a solo el 4%. Hablando claro: la administración está presentando esto como una iniciativa científica, pero los críticos dicen que es simplemente un regalo directo a costa de los ecosistemas marinos, adornado con lenguaje elegante.