La evidencia perdida
El caso de una estudiante de la Universidad de Cornell que acusó a miembros de una fraternidad de violación en grupo estuvo estancado durante años, según su abogado, Thomas Giuffra. El abogado reveló que un miembro "honorable" de la fraternidad Chi Phi compartió un mensaje de Snapchat con la víctima que, supuestamente, mostraba al grupo ofreciendo "sexo gratis" mientras la víctima estaba incapacitada. Giuffra afirma que esta es una pieza de evidencia crítica que las autoridades no investigaron correctamente.
El fallo del sistema
El equipo legal de la víctima está señalando a la Fiscalía del Condado de Tompkins y a la Universidad de Cornell por cómo manejaron la situación. Giuffra declaró que la fiscalía local no inició una investigación real hace dos años, dejando que la policía del campus manejara el caso por su cuenta. Para empeorar las cosas, la víctima asegura que la universidad se negó a reembolsar su matrícula, lo que prácticamente la obligó a seguir inscrita en el mismo campus que sus presuntos agresores porque no podía permitirse cambiarse de universidad.
¿Qué pasa ahora?
Después de que la víctima presentara una demanda civil en Manhattan a principios de este mes, el fiscal del Condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que finalmente reabrirá la investigación. Sin embargo, Van Houten afirma que la declaración inicial de la víctima a la policía del campus no alegaba que fue "drogada contra su voluntad o violada en grupo", un punto que el fiscal enfatizó publicando partes de esa declaración en línea. Giuffra respondió, afirmando que el relato de la víctima ha sido consistente sobre el uso fuerte de ketamina, y que los detalles añadidos se deben simplemente a que él ha pasado más tiempo recolectando hechos que los investigadores anteriores.
Por qué importa
Este caso ha provocado una gran indignación porque resalta cómo la negligencia institucional puede silenciar a las sobrevivientes. Cuando las universidades y la policía local no actúan ante las denuncias, las víctimas quedan en una posición donde su única opción es buscar justicia a través de tribunales civiles años después, a menudo cuando la evidencia crítica ya se enfrió. Hablando claro: el sistema debería protegerte, no obligarte a vivir al lado de tus presuntos agresores.
