La situación

La administración Trump llevó oficialmente a California a los tribunales, buscando bloquear el conteo de aproximadamente 20,000 boletas por correo. El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que estas personas podrían no ser elegibles para votar y exige que se verifique su estatus de ciudadanía antes de que sus votos sean contabilizados.

El Fiscal General Todd Blanche no se guardó nada al declarar: "El fraude electoral facilitado por el estado es inaceptable en los Estados Unidos de América". La demanda alega que California está permitiendo conscientemente que personas que no son ciudadanas participen en elecciones federales. Para respaldar esto, el DOJ utilizó datos recopilados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., ICE, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado.

El contexto

Todo empezó cuando el DOJ envió un aviso de "emergencia" sorpresa al principal funcionario electoral de California y al Registrador-Secretario del Condado de Los Ángeles, Dean Logan. Las autoridades federales entregaron una memoria USB protegida con contraseña con la lista de 20,000 nombres, dando a los funcionarios locales un plazo de 48 horas para confirmar su ciudadanía.

Logan, por su parte, mantuvo la calma en redes sociales, enfatizando que su oficina sigue las leyes federales y estatales para el registro de votantes. Vale la pena señalar que los intentos previos de la administración para identificar posibles no ciudadanos en estados como Nevada, Pensilvania y Nueva Jersey no han sido precisamente perfectos, ya que muchas de esas listas resultaron ser poco precisas.

La respuesta

El gobernador de California, Gavin Newsom, tildó toda la movida como una derrota total. Lo calificó como un "intento triste y desesperado" por parte de un "Departamento de Justicia politizado" para suprimir votantes apenas tres semanas antes de las elecciones.

También hay un obstáculo legal masivo aquí: la ley federal generalmente prohíbe cambios importantes o purgas agresivas de los padrones electorales dentro de los 90 días previos a una elección para asegurar que a la gente no la saquen por error. Intentos previos de las autoridades federales para obtener datos no públicos de los padrones electorales de California ya habían sido rechazados en los tribunales.

Por qué importa

Esto es literal una lucha de poder entre la autoridad federal y las elecciones administradas por el estado. Con el día de las elecciones acercándose, la trama se complica mientras los tribunales deben decidir si el gobierno federal puede intervenir en la administración electoral local, especialmente cuando esto le da al liderazgo del estado vibras de "supresión de votantes".