La situación
Solo dos semanas después de conseguir un veredicto de culpabilidad contra Sean “Diddy” Combs, la destacada fiscal federal de Manhattan, Maurene Comey, recibió un golpe bajo: una carta de tres párrafos notificándole su despido inmediato. No fue una notificación común; fue un cese fulminante y sin causa que tiene a todos preguntándose: ¿qué está pasando aquí? Considerando que su padre es el exdirector del FBI, James Comey —quien ha estado en la lista negra de Donald Trump durante años—, el timing se siente muy sospechoso.
El drama legal
Comey está demandando al DOJ, alegando que la echaron únicamente por su apellido o por sus supuestas inclinaciones políticas. Su equipo legal sostiene que esto es una violación total a sus derechos de la Primera Enmienda. En un tenso careo en la corte el 18 de septiembre, los abogados del gobierno se vieron acorralados cuando se les presionó sobre la razón exacta de su despido.
Cuando el juez Jesse Furman le preguntó al abogado del DOJ, Tyler Becker, sobre un vínculo entre la familia de Comey y su desempeño laboral, las respuestas del gobierno fueron confusas. En un momento, admitieron que podría haber “problemas de confianza” debido a sus lazos familiares, pero luego intentaron cambiar el discurso a un argumento más amplio: que el Presidente debería tener el poder de despedir a cualquiera en el poder ejecutivo sin causa alguna. Se siente como un viaje de poder absoluto, sin filtros.
Por qué importa
Si el gobierno puede despedir a fiscales de carrera solo porque sí, basándose en con quién están relacionados, se amenaza a todo el sistema judicial. Los expertos legales advierten que los fiscales deben poder hacer su trabajo sin tener que mirar por encima del hombro por miedo. Si están más ocupados tratando de ganarse el favor del poder ejecutivo solo para mantener su puesto, la búsqueda de la verdadera justicia se vuelve casi imposible. Es una bandera roja gigante para el futuro de la rendición de cuentas del gobierno.
