La situación

La investigación sobre la muerte de Elizabeth Struhs, de 8 años, sigue sacando a la luz fallos bastante heavies. Elizabeth murió en enero de 2022 por cetoacidosis diabética después de que sus padres, Jason y Kerrie Struhs, dejaran de suministrarle insulina. Ellos formaban parte de un grupo religioso que rechazaba la medicina.

El fallo

Durante la última audiencia, una oficial de protección infantil asignada a la familia en 2019 admitió que no cumplió con los chequeos semanales requeridos. Real talk: el departamento estaba a tope con una carga de casos altísima; ella estaba gestionando entre 25 y 28 niños de 15 familias en ese momento.

Ella admitió que el caso de Elizabeth, que involucraba una condición médica grave, no fue tratado con la intensidad necesaria. Lowkey confesó que probablemente priorizó otros casos relacionados con violencia doméstica o abuso de drogas porque estaba “excesivamente influenciada” por el hecho de que la familia Struhs parecía ser un hogar de “clase alta”. Para rematar, la trabajadora reveló que de hecho había pedido no ser asignada al caso porque su propio hijo había sufrido la misma condición médica, lo que temía que le provocara un sesgo personal.

El desenlace

A pesar de las objeciones de especialistas en Brisbane, el departamento cerró el caso después de solo 17 semanas, evaluando a Elizabeth como “segura”. Ahora sabemos que eso fue un L gigante. El año pasado, 14 miembros de la secta religiosa, incluidos sus padres y el líder del grupo, fueron condenados por homicidio involuntario.

Por qué importa

Esta investigación destaca cómo la presión organizacional y los sesgos inconscientes pueden llevar a brechas fatales en la protección infantil. Cuando se ignoran las directrices para cerrar expedientes más rápido, las consecuencias son, literalmente, una cuestión de vida o muerte.