La situación
Una exestudiante de la Universidad de Cornell, identificada como Jane Doe, presentó una demanda civil contra siete exmiembros de la fraternidad Chi Phi y contra la institución. Ella alega que, en octubre de 2024, fue drogada y víctima de una violación grupal durante varias horas dentro de la casa de la fraternidad. Según la demanda, fue presionada para consumir ketamina mientras ya estaba intoxicada, lo que derivó en un calvario de horas que, según ella, se extendió hasta la madrugada.
¿Qué salió mal?
La víctima alega que a la 1:42 a.m. de esa noche, un miembro de la fraternidad envió un mensaje grupal por Snapchat sugiriendo que ella estaba disponible para tener relaciones sexuales. Ella afirma que se sintió "totalmente asqueada" e incapacitada, sin poder tomar decisiones. A pesar de presentar una denuncia ante la policía del campus tres semanas después, asegura que nunca fue contactada por investigadores de la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Tompkins.
Cornell realizó una investigación interna que resultó en la expulsión de dos hombres y la suspensión de otros. Sin embargo, la universidad y el abogado de la víctima, Thomas Giuffra, han chocado por la severidad de esos castigos. Giuffra sostiene que no se presentaron cargos penales, señalando la falta de seguimiento institucional. El presidente de la universidad, Michael I. Kotlikoff, aclaró recientemente que dos estudiantes fueron expulsados y dos suspendidos, mientras que otros enfrentaron resultados distintos.
La trama se complica
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha intervenido, firmando una orden ejecutiva el 1 de octubre para designar a la Fiscal General Letitia James como fiscal especial. Cornell también aceptó contratar asesoría legal externa para una nueva investigación independiente. Esta decisión sigue a la medida del Fiscal de Distrito del condado de Tompkins de reabrir el caso penal ante la presión comunitaria, señalando que los detalles en la reciente declaración jurada de la estudiante parecen diferir de sus entrevistas iniciales con la policía del campus.
Por qué importa
Esta es una situación tremenda que involucra transparencia y la forma en que las universidades manejan los reportes de violencia sexual. Para nosotros, esto significa observar cómo la intervención legal a nivel estatal cambia el resultado para las víctimas cuando los procesos escolares internos no logran hacer justicia. Es un recordatorio de que, incluso cuando las cosas parecen enterradas, la rendición de cuentas institucional es lo que realmente importa, y las investigaciones de alto nivel pueden cambiar el curso de un caso.
