La situación

Literal: la cosa está que arde en Brasil a solo tres días de las elecciones presidenciales. El Fiscal General de Brasil, Jorge Messias, ha dado la voz de alarma tras publicarse un informe que alega que la administración Trump intentó canalizar dinero a campañas enfocadas en atacar a la Corte Suprema brasileña.

Messias no se guardó nada en X, calificando el reporte como “una alerta importante para la soberanía brasileña”. Dejó claro que, aunque los gobiernos internacionales pueden tener desacuerdos, la interferencia directa en instituciones nacionales es un error masivo. “Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe permanecer”, añadió.

El supuesto plan

El drama gira en torno a un informe que señala que el Departamento de Estado de EE. UU. habría recibido presiones para destinar 1 millón de dólares a un proyecto titulado “Combatir el lawfare y la censura en Brasil”. ¿El objetivo? Respaldar a grupos de la sociedad civil que consideran que la Corte Suprema del país—específicamente el magistrado Alexandre de Moraes—está actuando de forma desmedida.

Esto no ocurre en el vacío. La derecha brasileña, liderada por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, ve a la Corte Suprema como su principal enemigo. Han insistido mucho en la narrativa de que la corte es una “dictadura judicial”, especialmente después de que el magistrado Moraes supervisara el juicio del padre de Flávio, Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una sentencia de 27 años por un intento de golpe de Estado.

Por qué importa

La trama se complica con la noticia de que la oficina del Fiscal General ha presentado una denuncia penal formal para llegar al fondo de este asunto. Brasil está actualmente dividido por la mitad en las encuestas, con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentándose a Flávio Bolsonaro. Con acusaciones de aranceles y designaciones de “terrorismo” siendo utilizadas como palanca política para inclinar la balanza, esto da vibras de una interferencia geopolítica a gran escala. Por ahora, Brasil se mantiene firme para proteger sus instituciones de lo que consideran una extralimitación grave.